El sindicato FSP-UGT Extremadura se ha mostrado de acuerdo con la creación de siete nuevas instalaciones de ITV en localidades que hasta ahora no disponían de ellas. Pero, eso sí, el apoyo de los sindicalistas se condiciona a que el servicio sea de carácter público para garantizar que este se presta con unos estándares mínimos de calidad.
Y es que la organización considera que para este servicio, cuya naturaleza posee un “carácter público tan definido”, es el propio Gobierno el que “tiene la obligación y el deber de prestarlo, combinando la garantía de calidad prestada a una responsabilidad que tan solo puede ser ejercida por profesionales debidamente cualificados”.
Por motivo, y mediante un comunicado, FSP-UGT ha exigido una gestión cien por cien pública, puesto que se trata de un servicio de “máxima seguridad” para el ciudadano y “no debe entenderse tan solo como un bien económico sometido al tráfico mercantil con obtención de lucro”.
Servicios que corresponden a las Administraciones Públicas
“Estos servicios deben corresponder exclusivamente a las Administraciones Públicas con la participación y control de sus propios trabajadores y de los usuarios evitando desnaturalizar su imagen y funciones ante la sociedad, dando a entender que van a ser más eficaces y baratos para los ciudadanos, cuando lo cierto es que son más costosos y menos eficientes privatizados”, señala el documento.
En relación a esto últimos, según la organización sindical, el modelo de gestión íntegramente pública se mantenía en la región “sin incursiones privadas con un funcionamiento correcto, con excelentes resultados, con empleo público obtenido en igualdad de acceso y oportunidades a los puestos, asegurando la calidad y el control exhaustivo, y la universalidad con costes públicos desligados del coste de servicio y adaptados sobre todo a las necesidades de la población”.
Cuidar la oferta de empleo público
De este modo, decisiones como una hipotética privatización lleva al desmantelamiento de los servicios públicos “convirtiéndose en negocio para determinados empresarios a costa de las condiciones laborales, de la calidad y garantía de los servicios prestados”.
Finalmente, según FSP-UGT Extremdura, “Con esto, la oferta de empleo público es menor, disminuyendo también la opción de movilidad de los empleados públicos deteriorando y degradando aún más el sistema público, quedando aparcadas las bolsas de trabajo existentes para estos centros, con lo que supone que personas que han pasado un proceso selectivo completo queda estéril su esfuerzo, dedicación y dinero aportado en estos procesos”.
