Tras constatar que las tasas que cobran las empresas que gestionan las ITV de la Comunidad castellano-leonesa son muy superiores a las de otras Comunidades vecinas como Aragón, Cantabria o Madrid, la Junta ha decidido emprender la lucha para conseguir equiparar las tasas.
Además de los estudios realizados los dos últimos años sobre las razones aducidas por las concesionarias para el incremento de las tasas, que no parecen avalar dichas subidas, se da el caso de que estas empresas prestan el servicio más barato en otras Comunidades.
Estos dos indicadores han dado la voz de alarma en la Consejería de Economía, que ha decidido emprender las acciones necesarias para que las tasas que vienen cobrando las dos concesionarias de la región, Itevelesa y Atisae, se vayan reduciendo gradualmente.
Tabla de contenidos
Desvinculación del IPC
La primera medida que se ha tomado al respecto es no vincular la subida de las tasas al IPC, tal y como se ha venido realizando en los últimos tres años, ya que la revisión de las cuentas de resultados de las empresas concecionarias indican que se pueden ajustar los beneficios.
Las primeras conversaciones que se han mantenido con las empresas no han tenido muy buena acogida por su parte. Mientras el Ejecutivo castellano-leonés considera que la congelación de las tasas está acorde con los tiempos de crisis que vivimos, las empresas quieren mantener el sistema actual.
Estudiando las vías jurídicas
Ante el estancamiento de las negociaciones, la Junta de Castilla y León ha recurrido a su Asesoría Jurídica para ver qué soluciones se podrían aplicar por la vía administrativa, aunque no se descarta llegar a la vía legal.
La carta que esgrime la Administración es que el servicio de las ITV es un servicio público, con lo que no puede ajustarse al baremo del IPC cuando se está produciendo un desequilibrio entre las tarifas y la congelación salarial y el paro que están viviendo los ciudadanos.
Sistema funcional pero obsoleto
La Junta considera que el sistema de concesiones de las ITV que está implantado en la región es el más acorde con la idiosincrasia de un territorio tan extenso con es el de Castilla y León y que presta un buen servicio.
Gracias a este sistema se ha dado cobertura a muchas zonas rurales muy alejadas de los núcleos más poblados, pero también considera que tras veinticinco años de vigencia precisa un reajuste del sistema de implantación de los precios.