La FEMETE (Federación tinerfeña de Empresarios del Metal y nuevas Tecnologías) ha declarado a través de su presidente José Luis García su total apoyo a la liberalización del servicio de ITVs. En declaraciones efectuadas al diario La Opinión de Tenerife, el señor García ha dejado clara la postura de la federación sobre este polémico asunto que tiene en pie de guerra a los trabajadores de las actuales estaciones de las Islas Canarias.
El presidente de la federación ha afirmado que lo mejor para todos es acabar con el “bipolio” existente en Canarias, dónde dos concesionarias tienen los derechos de explotación concedidos durante 20 años. Aunque en su momento, cuándo Marisa Tejedor era la titular dela Consejería de Industria, se intentó anular la concesión de 20 años a Applus Iteuve Technology y a SGS ITV. No obstante una decisión judicial suspendió cautelarmente la orden y no volvió a abrirse el tema.
La privatización sin picaresca es positiva
Para José Luis García la privatización del sector es muy positiva siempre poniendo las medidas necesarias para evitar la picaresca y el fraude. No ve que pueda existir ningún conflicto de intereses entre las actividades propias de los talleres y los concesionarios y la realización en estos de las inspecciones técnicas de vehículo.
Así mismo considera que la libre competencia en el sector podrá influir positivamente en la mejora del servicio y en la bajada de los precios, ambos aspectos beneficiosos para el consumidor. Además los controles por parte dela Administración Pública garantizarán que todo se haga correctamente y con las debidas garantías.
Las directrices europeas marcan el camino
Lo cierto es que las directrices europeas son muy claras sobre el camino a seguir en las concesiones de las inspecciones técnicas del vehículos y la libre competencia se impone. Ya se han ganado sentencias en España referentes al tema y El Corte Inglés ha empezado a construir sus dos primeras estaciones destinadas a ofrecer estos servicios de inspección.
De hecho la FECAVEM (Federació Catalana de Venedors de Vehicles a Moto) ha conseguido parar en Cataluña el concurso público para la adjudicación de ITVs mediante una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad, apoyándose en las leyes europeas. Desde la federación ya se ha anunciado que se litigará por lo legan en el resto de comunidades hasta conseguir la libertad de mercado.