Silvia López Mejías, titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, que está instruyendo el proceso abierto debido a un posible caso de tráfico de influencias en la adjudicación de las estaciones de inspección técnica de vehículos de Cataluña, ha remitido al Tribunal Superior de justicia de la comunidad una “exposición razonada”.
En el documento, la jueza solicita que la corte regional decida si imputa o no al secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya y presidente del grupo parlamentario de CiU, Oriol Pujol.
El día cinco de febrero, la fiscalía anticorrupción solicitaba que se imputara al hijo de Jordi Pujol, expresidente de Generalitat de Catalunya. Asimismo, el escrito pedía al TSJC que se inhibiera, habida cuenta de que debe ser el alto tribunal catalán el que tome una decisión, puesto que, como diputado regional, Pujol está aforado.
Presunto delito de tráfico de influencias
Fernando Maldonado, fiscal del caso, mantiene que el político catalán se halla vinculado a una trama cuyo fin era conseguir un taller de ITV para empresas relacionas con él –lo que, por cierto, no consiguió-. Del mismo modo, también presuntamente, Pujol habría influido de determinadas personas en un cargo público para alcanzar sus fines. En principio, el delito que se le atribuye es el de tráfico de influencias.
El TSJC, por su parte, ha emitido un comunicado en el que explica que, antes de decidir si imputar o no al responsable político, la Sala Civil y Penal del alto tribunal ha de establecer qué tres jueces formarán la que se denomina “sala de admisión”, que es el órgano que debe encargarse de decidir si se acepta o se rechaza el caso, así como de designar al magistrado ponente que lo investigará.
Un nuevo informe del fiscal
Antes de admitir o no el caso, el tribunal va a pedir otro informe al fiscal y, en cuanto haya estudiado toda la documentación, y en el caso de que considere que se dan todos los requisitos necesarios para la imputación, se dictaría una resolución conforme a la que se admitiría la competencia del TSJC, momento en el que podría iniciarse la instrucción.
En el caso de que los jueces consideren, finalmente, que Pujol debe sentarse en el banquillo, el juez instructor de la causa lo llamará a declarar, acompañado –obviamente- de su abogado, y dictará la práctica de diligencias. Alcanzada esta fase, la “sala de admisiones” se disovlerá y será un solo juez el que lleve el caso.
