El Ministerio de Industria aprobó en 2012 la revisión del manual de procedimiento indicando que algunas modificaciones en las cabinas de los tractores eran consideradas como defectos graves en el examen de la ITV.
En junio de este año la Junta de Castilla y León ha puesto en práctica lo dispuesto en el Real Decreto 866/2010, que regula las reformas en estos vehículos en base a la Orden del Ministerio de Agricultura, de 27 de julio de 1979, que decía cuales tenían que ser las características de las cabinas homologadas.
Dejando a un lado los tecnicismos de las leyes, esta aplicación supone para los agricultores castellanos que no puedan superar el examen de la ITV, por motivos relacionados con el revestimiento de sus vehículos; cosa que hasta ahora no les había supuesto ningún problema.
En contra de la medida
La mayor desventaja, y lo más absurdo, se produce en aquellos tractores y vehículos agrícolas que sean posteriores al año 1980. Por eso muchos de los agricultores no entienden como a estas alturas se ha ratificado una ley tan antigua y con un carácter tan retroactivo.
Distintas organizaciones agrarias ya están empezando a tomar medidas contra esta resolución y han criticado duramente el hecho de que se trate de una medida que carga todo el peso en los agricultores españoles. Desde Unión de Campesinos en Segovia se critica sobre todo que entre en vigor en 2013 una normativa que data de 1979 y piden más tiempo para que los propietarios puedan poner en vigor sus vehículos antes de tener que pasar la ITV.
Consecuencias
La realidad es que con esta medida uno de cada cuatro tractores van a suspender la revisión, lo que supone que el 28% de los vehículos de este tipo tengan problemas con sus revestimientos y cabinas.
Entre los tractores que incurran en las faltas graves de esta ley va a ver dos tipos de casos. Por un lado, algunos propietarios se verán expuestos porque no tendrán anotaciones en la documentación del vehículo sobre su instalación de seguridad antivuelco. Y por otro lado, están los vehículos que han cambiado la instalación original en un taller que no es el del fabricante.
Los primeros tendrán que volverse locos con una serie de papeleos para demostrar que tienen la homologación debida. Los segundos lo tendrán más complicado ya que los certificados tendrán validez si son emitidos por el fabricante del vehículo.
