El grupo parlamentario de Unión, Progreso y Democracia, liderado por Rosa Díez, ha expresado al gobierno mediante pregunta parlamentaria, sus dudas sobre la nueva legislación que regulará las ITVs y que permite la concesión de licencias para abrir nuevas estaciones a entidades privadas tales como talleres y concesionarios.
Pero la pregunta no era para cuestionar la privatización del servicio de inspección técnica de vehículos, sino para preguntar como se pensaba combatir el fraude si nos íbamos a encontrar con 17 sistemas diferentes para legislar estas concesiones, al dejar el gobierno en manos de cada Comunidad Autónoma la última palabra respecto a las mismas.
Ya han obtenido una respuesta
UPyD dudaban en su escrito de que se pudieran garantizar unas calidades estandarizadas en el servicio y afirmaban que iba a ser muy complicad evitar inspecciones fraudulentas si nos enfrentábamos a tantas leyes distintas, por lo que querían saber que medidas había previstas para evitarlo.
A día de hoy, José María Prieto, el diputado que ha formulado la pregunta en nombre de su grupo, ya han obtenido una respuesta del legislativo, que le ha recordado que el hecho de que las Comunidades Autónomas puedan formular sus propias legislaciones no supone ninguna novedad en la ley, porque ya poseen una cierta independencia.
A pesar de esto, todas las estaciones del territorio español deben de cumplir con las normas de instalación y funcionamiento de las estaciones de inspección técnica de vehículos, del año 2008 en las que se formulan las normas generales sobre el funcionamiento de las estaciones, el tratamiento de la documentación, los equipos de los que deben disponer etcétera.
Tampoco se descarta crear una acreditación, previa auditoría de un inspector nacional, que garantice el cumplimiento de estas normas. Los inspectores autonómicos serían los encargados de realizar las inspecciones habituales, tal como viene siendo hasta el momento.
Suprimir incompatibilidades
El gobierno también ha declarado que se está estudiando la posibilidad de suprimir algunas de las incompatibilidades que actualmente tienen los socios, los directivos y también el personal de las estaciones de servicio, con la intención de que esta medida contribuya a una mayor dinamización de la actividad económica en el sector automovilístico.
Por lo visto aún puede haber sorpresas en una ley que está muy próxima a ser promulgada pero sobre la que parece haber cada día más dudas y más preguntas en todos los sectores sociales.
