El día 7 de marzo de 2011 entró en vigor el Real Decreto aprobado el 25 de febrero por el que se reducía el límite de velocidad en 10 kilómetros por hora en autopistas y autovías (la ley no afecta al resto de vías), pasando de 120 km/h a 110 km/h.
La medida, vigente hasta el 30 de junio con posibilidad de ser prorrogada, no ha dejado indiferente a nadie y desde el mismo día de su aprobación está suscitando un constante debate. Dicha reforma ha sido impulsada por el gobierno para ahorrar en carburante debido al constante incremento del precio del crudo y el agravamiento de las tensiones en los países del norte de África, importantes suministradores de petróleo para nuestro país.
Siendo el ahorro según medios oficiales la única razón para la reducción del límite de velocidad, no han faltado desde el principio voces que señalan que el verdadero objetivo de la medida es el recaudatorio, ya que en teoría la cantidad de multas por exceso de velocidad aumentará, teniendo en cuenta que hasta ahora estábamos acostumbrados a circular a 120 km/h (incluso a más de 130 km/h guiándonos por el margen de error de los radares). Asimismo, varios expertos no han tardado en señalar que dicha reducción influirá de manera negativa en la seguridad de nuestras vías rápidas, ya que al no disminuirse la velocidad máxima de camiones, autobuses… quedará más equiparada a la de los turismos, resultándole a estos últimos más difícil el adelantar a vehículos pesados, con el consiguiente “apelotonamiento” y disminución de la distancia de seguridad.
Celebridades del motor en España como Fernando Alonso se han mostrado en contra de la medida, indicando que “a 110 km/h en las autopistas es difícil mantenerse despierto en el coche”. Lo cierto es que la mayor parte de la población ha acogido con rechazo este Real Decreto, ya que considera que con la calidad de las vías españolas y los avances tecnológicos y de potencia en los coches actuales es incluso contraproducente una limitación de este tipo. Los dueños de coches equipados con una sexta marcha no podrán utilizarla, debiendo circular a mayor número de revoluciones en quinta, situación que supondrá un mayor gasto de combustible. Obviando este ejemplo, el ahorro medio estimado por los expertos se sitúa en torno al tres por ciento, muy lejano al quince por ciento que estima el ejecutivo.
¿Merece la pena un aumento del tiempo empleado para cada viaje a cambio de un ahorro tan pequeño?
Si preguntamos a la inmensa mayoría de los conductores nos dirán que no. Pero aún así, y pese a las reticencias, se está cumpliendo con esta directriz. Y es que según el Ministerio del Interior la velocidad media se ha reducido entre un seis y un diez por ciento de media durante el mes de marzo (el primero desde la entrada en vigor), bajando de aproximadamente 114 kilómetros por hora en marzo de 2010 a 102 kilómetros por hora en 2011. Dichas cifras no se sabe si son achacables al intento por ahorrar en combustible o si bien se deben al miedo a las multas, pero el caso es que en principio la medida está surtiendo efecto. Porque esa bajada de la velocidad media en autopistas y autovías se ha traducido en un descenso de los accidentes, aunque el subsecretario de Interior, Justo Zambrana, no consideró este hecho como algo derivado directamente del nuevo límite de velocidad (el segundo fin de semana de febrero registró el número más bajo de fallecidos en accidente de tráfico de los últimos cinco años, no estando aún la ley en vigor).
También, por increíble que parezca, durante el primer mes del nuevo límite se ha reducido drásticamente el número de multas por exceso de velocidad. Así, se llegó a registrar un descenso de hasta el sesenta por ciento en los primeros días de la puesta en marcha de la medida, mientras que la media general a lo largo de todo el mes se situó en torno a un cuarenta por ciento menos de infracciones. Quizá el temor a las sanciones por correr más de la cuenta haya ocasionado el descenso de las mismas.
Con el nuevo límite, la pérdida de puntos se produce a partir de los 141 km/h (mientras que con el límite en 120 los puntos se retiraban a partir de 151 km/h), y basta con circular por encima de 116 km/h para recibir una sanción de cien euros.
No es ésta la única medida de austeridad en transportes tomada desde por el Gobierno. El mismo día que se anunció la decisión de reducir la velocidad en nuestras autovías, también conocimos que disminuirán en un cinco por ciento los precios de los billetes de trenes de media distancia y de cercanías de Renfe para fomentar el transporte público, y que se exigirá a las petroleras un aumento de hasta un 7% (actualmente es un 5,8%) de contenido de biodiesel en cada litro de gasoil para que este no incluya tanto crudo en su composición. No sabemos el ahorro que nos reportarán dichos ajustes, pero los conductores también nos preguntamos el coste que nos supondrán.
Adaptar todas las señales de 120 km/h a su nueva nomenclatura, según datos del Gobierno, ocasionará un gasto de unos 250.000 euros, a lo que habrá que sumarle otro tanto si finalmente la medida no es prorrogada el treinta de junio. A priori no parece un gasto muy significativo, pero inmersos en la actual crisis y teniendo en cuenta la impopularidad de la norma, sí puede parecer elevado.
Nos encontramos por tanto ante una norma que no ha sido bien acogida por parte de casi nadie (muy pocos componentes del sector de la automoción incluyendo publicaciones, clubs de automovilistas etc. están de acuerdo), pero que a la postre es un Real Decreto y se debe respetar. Si la medida era con un objetivo recaudatorio desde luego no lo está consiguiendo, ya que como ya se ha indicado las multas por exceso de velocidad, al menos por el momento, han descendido. Y si realmente se ahorra combustible y además sirve para que disminuya el número de muertos en nuestras carreteras la ley habrá sido un éxito.
Roberto García
