Francisco Paniagua, alcalde de Aguilar de la Frontera (Córdoba) estaba acusado del delito de prevaricación urbanística desde hace unos meses. Pero el juzgado de lo penal número 2 de Córdoba, en el que se celebraba el juicio el pasado día 1 de febrero ha pronunciado una sentencia a su favor, absolviéndolo.
Dicha sentencia considera que no se ha producido irregularidad que constituya delito alguno en la tramitación de la licencia para construir el taller de ITV de la localidad. Concretamente, el texto establece que, en efecto, no existía licencia de la Junta de Andalucía, pero que “nadie ha advertido que hasta que no se concediera la licencia para explotar la ITV no se podría conceder la licencia para construir la instalación de tal ITV”.
La misma sentencia afirma que ninguno de los implicados, así como técnicos que se encargaban de informar sobre la licencia se dio cuenta de que “sin licencia de explotación no pueda existir actividad”. Según la misma, “tal omisión no puede llevarse al ámbito penal cuando resulta evidente que estaba aprobada la declaración de utilidad pública, existía informe favorable a la autorización de edificación e instalación en suelo no urbanizable” y “los informes emitidos en su momento habían sido favorables”.
No existen pruebas de delito
Vistas las pruebas, el texto comenta que “no se puede señalar que en la concesión de la licencia los acusados actuaran de forma manifiestamente injusta en contra de la legalidad”. Además, el hecho de que hoy en día no exista la estación hace que pierda su sentido la irregularidad que observaban los técnicos municipales en lo que se refiere a la adecuación de los accesos desde la N-331, puesto que “si la ITV estuviera abierta la concesionaria que la explotara habría tenido que adecuar las instalaciones para desarrollar la actividad”.
Otro de los puntos que cabe resaltar de la sentencia es el que establece que no existen pruebas de connivencia entre los acusados y el solicitante de la licencia.
Todos los imputados absueltos
EL juzgado de primera instancia de Aguilar abría diligencias previas en abril de 2008 a solicitud de la Fiscalía y ante la denuncia de un particular por un supuesto incumplimiento de la norma de Urbanismo en lo que se refiere a la concesión de licencia de obras municipal.
También se hallaban imputados, y han sido absueltos, el exsecretario del Ayuntamiento, Rafael Rincón y el exconcejal de Urbanismo, Francisco Palma, por unos hechos que datan de 2001 y 2002, cuando se autorizaba, en comisión de gobierno, la declaración de utilidad pública y se concedía la licencia de obra.
