El nombre de “Caso ITV” no debería ser privativo de Cataluña, habida cuenta de que en otras comunidades la adjudicación de talleres también genera encuentros y encontronazos, judiciales o no. Y es que al fin y al cabo las ITV son un negocio que, para quien las regenta, puede llegar a ser muy lucrativo.
Una de las regiones con su particular ‘Caso ITV’ es el País Vasco. Allí, en tiempos del consejero Jon Azua (PNV) en el área de Industria, se concedió discrecionalmente la gestión de un negocio cuyo beneficio ronda el millón y medio de euros al año.
En diversas sentencias, los tribunales han ido probando que el Gobierno vasco creó las bases de un concurso que él mismo infringió. Consecuencia de esta infracción fue que se entregaron las concesiones a empresas que no deberían haberlas obtenido, mientras que las que deberían haber sido legítimas ganadoras se vieron usurpadas en sus derechos.
Irregularidades
La adjudicación se vio jalonada de decisiones sospechosas y circunstancias, en el mejor de los casos extrañas, como que un técnico propusiera adjudicar un taller a una sociedad formada por funcionaros, algo taxativamente prohibido. Técnico que, por cierto, abandonaría su trabajo en la administración pasados unos años para convertirse en director general de una de las empresas beneficiarias en el concurso.
Además, una de las empresas ganó el concurso de Vitoria y Bergara después de presentar documentación fuera de plazo. Luybas, que tal era el nombre de la compañía, comunicaba a Industria que entregaría parte de los documentos una vez cerrado el plazo. Y así lo hizo: 17 folios frente a la cantidad ingente de documentación de otras empresas.
Un caso que “colea” tras veinte años
Estos hechos acontecían en mayo de 1993 y, por mucho que parezca un caso lejano en el tiempo, el asunto se encuentra aún pendiente de resolverse. Existe una sentencia del Tribunal Supremo, así como un auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) según los cuales debe retirársele a Applus+ (Luybas ya no existe como empresa) la gestión de los talleres de Vitoria y Bergara.
Una vez retirada la explotación a la actual concesionaria, se le entregaría a su legítima ganadora en el concurso celebrado hace ya casi veinte años, ITA Asua. Es más: según pasa el tiempo, el ejecutivo regional se arriesga a tener que pagar 4.000 euros al día por el retraso en la ejecución de la sentencia. Por no decir que, si se produjera una reclamación por lucro cesante, los vascos deberían pagar hasta un millón de euros.
