En estos tiempo en lo que se hace tan presente la crisis financiera en los bolsillos de los ciudadanos más necesitados, cualquier noticia positiva, por mínima que sea, se recibe con gran regocijo, porque puede significar un pequeño aumento en la calidad de vida de las personas y de las familias.
En este caso estamos hablando de la revisión obligatoria que hay que realizar para que los vehículos obtengan el certificado de aptitud en la Inspección Técnica de Vehículos.
Tal es así, que la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Andalucía, ha decidido congelar las tarifas de las tasas oficiales de la ITV para el año 2013, según ha publicado recientemente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
Motivos de la congelación de las tarifas
La Junta de Andalucía, por medio de su Consejería de Economía, ha decidido congelar las tasas para poder realizar la ITV a los vehículos. Esta decisión de fundamenta en la penosa situación económica de las familias andaluzas, para las cuales, cualquier gasto extra supone un quebradero de cabeza.
De esta forma, no se aplicará sobre dichas tasas, ni el aumento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que pasó del 18% al 21%, ni el aumento del Índice de los Precios de Consumo, un 3’1% en el cómputo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En conjunto, la subida sería nada más y nada menos, que del 6’1%, lo que supondría un duro varapalo para los hogares andaluces, lo que podría acabar desembocando en la negativa a pasar el control de la ITV, con el consecuente peligro para las carreteras.
La medida de congelar el precio de las tasas de la ITV, se encuadra en un marco de actuación mucho más amplio, que incluye varias congelaciones y rebajas de precios públicos en ámbitos de primera necesidad.
De esta forma, las familias andaluzas no verán debilitarse su, ya de por sí delicada, situación económica, por lo que podrán y deberán realizar un gasto que revertirá positivamente en la situación financiera de la Comunidad Autónoma.
La concesionaria es una empresa pública
Algunas voces críticas se alzaron sobre el plan del Gobierno andaluz, hablando acerca del perjuicio que tendría esta medida para las arcas públicas.
Pero pronto se vieron acalladas al comprobar que la empresa concesionaria, Verificaciones Industriales de Andalucía S.A. (VEIASA), a pesar de tratarse de una empresa pública, su financiación no se realiza con cargo a los presupuestos autonómicos, sino que se financia con sus propios medios.
