El TSJC da la razón a los concesionarios

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha declarado nulo el concurso público de adjudicación de las ITV en esta comunidad, dando así la razón a la Federació Catalana de Venedors de Vehicles a Motor (Fecavem). El órgano judicial entiende que en estos servicios debe aplicarse prioritariamente la liberalización emanada de la directiva europea, sin restricciones por territorio ni número de operadores.

Con esta sentencia, los concesionarios se consideran legitimados para entrar en el negocio de las ITV, en contra de lo que defienden los operadores del sector. El presidente de  Fecavem y de Faconauto, Jaume Roura ha declarado que “el tribunal nos ha dado la razón y no ve incompatibilidad alguna en el hecho de que los concesionarios presten servicios de ITV”. “El primer paso –añade- se ha dado en Cataluña pero pensamos extender nuestra demanda a todo el ámbito estatal”.

Los operadores oponen que no debe pasarse la inspección en unos talleres interesados en encontrar defectos para hacer negocio reparándolos, un argumento que, no por ya usado dejan de esgrimir.

Respeto al principio de libertad de establecimiento

Fecavem ha emitido un comunicado, hecho público por varios medios de comunicación, en el que advierte de que velará para que “se respete el principio de libertad de establecimiento” en la nueva regulación y para que sus federados puedan acceder a esta actividad.

Esta sentencia viene precedida de un recurso contencioso-administrativo interpuesto por Fecavem y puede recurrirse ante el Tribunal Supremo. De hecho, no es la primera vez que la corte regional se pronuncia en este sentido, habiendo estimado, por ejemplo, la petición de OCA y ordenando la anulación de dos decretos de la Generalitat sobre la planificación de las estaciones de inspección. Varios operadores la tienen recurrida en el Supremo.

Las ITV de Cataluña, un sector totalmente judicializado

En todo caso, esto no es más que otra prueba de hasta qué punto se ha judicializado el sector en Cataluña. Desde que el Gobierno catalán aprobara, en 2010, el plan territorial de estaciones de inspección, abriendo así la puerta a nuevos operadores se desató una guerra con varios frentes.

Uno de estos frentes, el primero, lo abría Certio, que conseguía la anulación parcial del concurso. Esto desencadenaba la investigación sobre la presunta trama que obliga al ya ex dirigente de CiU Oriol Pujol a declarar como imputado. Por cierto que el director de Certio, Ricard Pignou era detenido durante la investigación relacionada con el caso.

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