El Tribunal Supremo ha imputado a un nuevo magistrado, Emilio Aragonés Beltrán, en relación a su supuesta participación en la trama denominada «Caso ITV». Al juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se le imputa la presunta comisión de actividades prohibidas a funcionarios públicos, así como delitos de negociaciones.
La investigación iniciada por el Juzgado de Instrucción Nº 9 se ha elevado al Tribunal Supremo por tener el nuevo juez imputado la condición de aforado. Los indicios que han permitido esta nueva imputación han sido recabados tras la intervención de numerosos documentos en papel y en soporte informático en los registros realizados por la Unidad de Vigilancia Aduanera.
En este registro se encontraron correos electrónicos enviados y recibidos por Emilio Aragonés Beltrán que lo relacionan con la trama del «Caso ITV». El Supremo se declaró competente tras conocer que dos de los empresarios ya imputados, Ricard Puignou y Enric Marugán, participaron en «negociaciones» con el magistrado. Como instructor del caso se ha designado a Joaquín Giménez García.
En septiembre se imputó al primer juez
El pasado mes de septiembre ya se ordenó la apertura de jucio oral del magistrado Juan José Ortiz Blanco por las mismas causas, en relación con su supuesta mediación entre la Generalitat y Certio para la adjudicación de los concursos de las ITV catalanas.
El «Caso ITV» investiga la trama en la que un grupo de empresarios intentaba, supuestamente, obtener la concesión de los nuevos concursos de manera irregular. Entre otros empresarios y cargos, están imputados Oriol Pujol, diputado del Parlamento, y Josep Tous, encargado de elaborar el nuevo mapa de ITV catalán.
Asesoramiento fuera de su competencia
En el caso de Ortiz Blanco se le imputa un supuesto «asesoramiento permanente y extendido en el tiempo” a la empresa Certio que choca con su papel como ponente de recurso contencioso-administrativo que se había interpuesto.
Además, por su condición como presidente de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia de Catalunya, tenía la competencia sobre las impugnaciones que se hicieran por vía de recurso judicial.
Según la interlocutoría del juez, el objetivo de los empresarios imputados al interponer los recursos contencioso-administrativos sería dejar sin efecto el anterior concurso de ITV, ya resuelto y convocar uno nuevo. Para ello nombraron a Tous como mediador del conflicto, que tenía paralizadas las últimas adjudicaciones por los recursos presentados por Certio y Oca.
