Francisco Javier V.S.V., exdirector de la ITV de Daimiel (Ciudad Real) se enfrenta a la posibilidad de una pena de hasta 5 años de cárcel por falsedad documental. Este ingeniero técnico ha sido acusado de falsificar cientos de certificados entre 2004 y 2007, actuando, presuntamente, de manera fraudulenta.
Tales eran las afirmaciones que Ignacio M-C.L., socio capitalista del acusado, vertía en el juicio abierto por la sección segunda de la Audiencia Provincial ciudadrealeña. Fue él quien interpuso la denuncia al saber, aunque vivía en Madrid y sólo iba a Daimiel muy esporádicamente, que “todo el pueblo sabía que se pasaba la inspección del coche sin tener que ir allí”.
Ignacio M-C.L., aún en el negocio de las ITV y hoy por hoy único propietario del taller daimieleño, afirma que se enteró por un amigo y que al preguntarle al acusado éste le respondió “que era una forma de captar clientes”. De hecho, la estación consiguió varios clientes de relevancia como la marca MC Vehículos, importador y exportador de coches, una de las que aparecen en el escrito de acusación como beneficiarias de las laxas inspecciones del taller.
Cruce de acusaciones
El socio capitalista, que ejerce de acusación particular niega haber levantado la liebre para quedarse en exclusiva con el negocio, tal como afirma el encausado, quien asegura que Ignacio la había ofrecido “doscientos millones de las antiguas pesetas” por su participación en la empresa.
Eso sí: el acusado ha negado rotundamente que esas inspecciones se llevaran a cabo fuera de la estación por sistema, aunque admitiendo que en ocasiones sí pudo reconocerse algún vehículo agrícola, algo que sí permite a ley, fuera del taller. Lo explicaba así: “Si el vehículo no tenía seguro, algún cliente habitual nos podía pedir que fuéramos con el instrumental necesario a comprobar el estado”. Pero la ITV no dice nada de que haya que tener seguro para someterse a la inspección.
El acusado niega las ilegalidades
Por lo que respecta a los vehículos de empresas como MC o VS Diésel, con las que el taller tenía acuerdos por entonces, el acusado niega que los técnicos se desplazaran para ejecutar las revisiones, aunque reconoce que les facilitaban los trámites de documentación. Esta versión fue ratificada por la “número 2” de la empresa, María del Carmen G.R., con algunos matices, eso sí.
Sin embargo, la Guardia Civil, encargada de investigar el caso, ha encontrado incluso que se llegó a dar la tarjeta de ITV a una camioneta “para el desguace”, de modo que el dueño no perdiera su tarjeta de transportista.
También se ha personado como acusación particular la asociación castellano manchega de empresarios de ITV que, sin embargo, no ha especificado qué reclama.
Por su parte, Francisco Javier V.S.V., que continúa en el negocio de las ITV, además de afrontar una pena de cárcel de 5 años y medio, por falsedad documental continuada, puede verse inhabilitado durante 6 años para el ejercicio de funciones púbicas.
