Las investigaciones sobre el fraude en la ITV son más amplias de lo que en principio se podía intuir. Según el portal “elconfinceial.com”, un informe de la Agencia Tributaria apunta al matrimonio María Jesús Muro-Pedro Navarrete como socios en ciernes de los dos empresarios detenidos, Xavier Pujol, Josep María Canós –secretario general de CiU-, Oriol Pujol y Assumpta Farran, directora general de Calidad ambiental y esposa del diputado “convergente” Pere Macias.
El mencionado informe señala a estos nombres, junto con los que ya habían sido detenidos, por “presuntamente intentando crear la estructura operativa para obtener, de forma fraudulenta, la adjudicación de una ITV e iniciar la realización de Escos (Energy Service Companys), inicialmente en el ámbito industrial y público.
Aprovechando infraestructuras
“Posteriormente, en el ámbito residencial (particular), aprovechando la infraestructura y experiencia de empresas relacionadas con dichos ámbitos, en concreto Ficosa, y mediante la creación, con financiación obtenida a través de subvenciones públicas, de nuevas sociedades, participadas por algunos de los investigados, con las que participar en el concurso que el nuevo Gobierno catalán sacará en los próximos meses de nuevas licencias para operar en el mercado del servicio de inspección técnica de vehículos, con la intención de romper el oligopolio de Applus (principal operador de ITV en Cataluña, que debió reducir su peso por motivos de competencia) y RVSA ITV, en concreto dos lotes de tres ITVs cada uno”.
El documento, al que ha tenido acceso el mencionado diario, relata que Josep Tous, definido como hombre de confianza de Pujol para elaborar el plan “se confirma como el ’jefe’ de todo el proyecto, cuya función sería, de manera ‘no oficial’, intentar dar salida a la situación actual de las autorizaciones administrativas de estaciones de ITV adjudicadas en el anterior concurso.
Nuevo plan territorial
“Y dialogando con el resto de operadores de ITV para conseguir la realización de un nuevo plan territorial y lograr la convocatoria de un nuevo concurso de autorizaciones administrativas de ITVs.
“Es decir, los investigados estarían llevando a cabo una serie de actuaciones tendentes a la manipulación del futuro concurso público, evitando un procedimiento de concurrencia pública al que pudieran acceder diversos operadores que fueran valorados con criterios de objetividad, al estar pactadas parte de las adjudicaciones de estaciones que salieran a concurso y obviando las necesidades del mercado”.
Pero las irregularidades expuestas en el sumario no acaban aquí: son más las acciones, como mínimo dudosas y que se están destapando estos días.
