La Fiscalía solicita la imputación de Pujol

La Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada ha solicitado ante la justicia que impute al secretario general de CDC, Oriol Pujol, por su presunta vinculación con la trama de las concesiones fraudulentas de las ITV en Cataluña.

Como Pujol es diputado parlamentario regional, y por lo tanto aforado, la titular del juzgado de instrucción barcelonés, Silvia López, no tiene competencias suficientes para imputarlo, de modo que ha de remitir el caso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en el que, si así se decide, se le imputará.

Ha sido la Fiscalía la que ha pedido al juzgado barcelonés que eleve el caso al tribunal regional al apercibirse de que existen indicios de un delito de tráfico de influencias, así como de la participación en la terriblemente compleja trama, junto con varios empresarios y altos cargos catalanes.

Presunto colaborador necesario

Esta solicitud llegaba a raíz de un informe de la Agencia Tributaria, parte del sumario que sitúa a Oriol Pujol Ferrusola como colaborador necesario en el caso. Según tal documento, el único hijo de Jordi Pujol es “el hombre encargado de aportar influencia política”.

El interesado, por su parte, comparecía en rueda de prensa para negar cualquier implicación en le trama, así como afirmar que, si llegase a estar imputado, sería una manera de poder defenderse de las acusaciones que sobre él se están vertiendo.

Posible dimisión

“Nadie debe estorbar al proceso histórico que ha puesto en marcha esta formación política”, afirma, mediante la vinculación de su posible imputación al proyecto independentista del partido. Es por eso que no descarta dimitir si llegan a imputarlo en el caso.

Recordemos que en julio de 2013, cuando salía a la luz el informe de Hacienda, Pujol ya se defendía en el Parlament, convocada para defender a CDC de las acusaciones de financiarse irregularmente mediante el Palau de la Música. El diputado afirmaba: “No soy ni colaborador ni necesario”.

Oligopolio

El caso proviene de la reforma que el Tripartito hizo de la distribución de las ITV catalanas, un mercado que hasta entonces dominaban sólo dos empresas, ambas pertenecientes a Applus+ y que gestionaban 44 estaciones. La coalición lanzó dos concursos con dos lotes y tres estaciones en cada uno de ellos, y las empresas adjudicatarias resultaron ser Atisae e Itevelesa, de modo que Cataluña disponía de 50 talleres.

Fueron varios recursos, en los que participaba un juez, Joaquín Ortiz, actualmente sometido a investigación por este mismo caso, La resolución definitiva está aún por llegar.

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