La patronal de empresas de Inspección Técnica de Vehículos, AECA-ITV rechaza claramente la liberalización total de un servicio que, según los empresarios “debe seguir estando totalmente regulado por la Administración”, habida cuenta de que se trata de un “servicio público de interés general”.
En un comunicado, del que se ha hecho eco la agencia de noticias Europa Press, la patronal afirma que “El servicio de ITV debe seguir estando totalmente regulado por la Administración al tratarse de un servicio público de interés general, cuya prestación corresponde al Estado o a las comunidades autónomas, y ya liberalizado al poder ser prestado en su gran mayoría por empresas públicas y privadas”.
Otro de los argumentos de AECA-ITV se refiere a que el sistema es perfectamente viable desde el punto de vista técnico y jurídico, hecho avalado por la Comunidad Europea, la Administración del Estado, así como por “diferentes autos judiciales, incluido el del Tribunal Constitucional (TC)”.
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Ataques al sistema actual
Pese a lo expuesto, a juicio de los empresarios el actual sistema de ITV está recibiendo insistentes ataques “con los más diversos argumentos”, entre los que se encuentra el de que la salida que puede tener este servicio para que se vuelva “más barato, cómodo y cercano es su liberalización total, llegando en casos a plantear que pueda ser prestado por los concesionarios de ventas de automóviles”
Con respecto a esto, la patronal se ha quejado de que el Tribunal Superior de justicia de Catalunya (TSJC) demuestra que sigue estas ideas al dictar sentencia “contra la legislación de la Generalitat, que había fijado un nuevo mapa de estaciones de ITV bajo una normativa que le daba la potestad de autorizar la apertura de nuevos centros y limitarlos en función de varios factores”.
Una infracción de la ley
AECA ITV añade que “El TSJC justifica su auto amparándose de manera muy fundamental en la Directiva de Servicios europea, trasplantada a la legislación nacional” aunque este servicio no se incluye en la norma en el mercado interior puesto que “queda cubierta por la derogación prevista para los servicios de transporte”.
Los empresarios aprecian que el TSJC “ha infringido la norma española y comunitaria que excluye de la misma a esta actividad por ser un servicio en el ámbito del transporte, que además es una actividad vinculada al ejercicio de la autoridad pública”.
Protección de las personas y del medio ambiente
Y, continúa el comunicado, “Se trata, además, de un servicio no económico de interés general en el que concurren razones como la protección del medio ambiente y la seguridad vial, que permitirían la justificación en la norma de restricciones o limitaciones al régimen especial de prestación del Servicio público de ITV”.
En este sentido, el documento enviado a los medios de comunicación afirma que “el tiempo transcurrido, la práctica profesional de las estaciones de ITV y la creciente sensibilización social por la seguridad vial y el medio ambiente han venido a confirmar estas instalaciones como imprescindibles y necesarias”.
Garantía de los derechos del consumidor
Los responsables de AECA-ITV subrayan, además que “la ITV salva vidas, evita accidentes y aminora las afecciones medioambientales de todo tipo de vehículos a motor que circulan por nuestra carreteras y vías urbanas, desde la independencia e imparcialidad”.
Para terminar, desde el punto de vista de los empresarios, el sistema actual es mejor garantía que cualquier otro “de los derechos del consumidor ante la compra de vehículos (nuevos o usados) o ante su reparación o transformación”, del mismo modo que “vela para que los usuarios del transporte público (particularmente los escolares) viajen en vehículos especialmente seguros”.
