Las localidades alavesas de Jundiz y Bergara llevan esperando veinte años a que se construyan las ITV que el gobierno vasco había aprobado para ellas. Y es que hace ya dos décadas que el gobierno regional había sacado a concurso los talleres, pero la maraña de recursos, reclamaciones, juicios y apelaciones ha impedido que, hasta ahora, se haga efectiva la adjudicación.
En 2007, la justicia constataba irregularidades en la adjudicación, de modo que ordenaba revisar las ofertas. Debido a ello, ambas concesiones deberían haber cambiado de propietario, pero la madeja aún se enredó más, de modo que un auto de julio de 2012 ordena al gobierno vasco ejecutar la sentencia de 2007 y que adjudique las estaciones a ITA Asua, que fue perjudicada ilegalmente durante el concurso.
A pesar de que ya no caben más recursos, el affaire sigue estancado en las oficinas del gobierno vasco. Éste tenía dos meses desde que, en julio del año pasado, saliera el auto para ejecutar la adjudicación. Pese a ello, el gobierno socialista no ejecutaba la resolución, a pesar de las reclamaciones constantes de una y otra parte
Reclamaciones por daños y perjuicios
Un portavoz de la empresa perjudicada, ITA Ausa, ha advertido, hace ya cuatro meses, al gobierno vasco de que los continuos retrasos en la ejecución de las sentencias pueden acabar en una reclamación por daños y perjuicios.
Toda la polémica proviene del año 1993, cuando era la propia administración la que prestaba el servicio de ITV, a través de sus talleres autorizados. El que era Departamento de Industria y Energía convocaba entonces un concurso para adjudicar varias concesiones durante 30 años. Se dividían las adjudicaciones en cuatro lotes, cada uno de ellos con una estación que ya estaba funcionando y otra que debía construir el adjudicatario.
Irregularidades desde el primer momento
Aunque ya durante el procedimiento del concurso se presentaron alegaciones, ésas no llegaron buen puerto y el BOPV de noviembre de 1993 publicaba la adjudicación de los cuatro lotes. De ahí en adelante, se han sucedido los recursos, con hasta tres empresas reclamando por vía contencioso-administrativa más adelante.
Para poder hacernos una idea de lo complejo que llega a resultar el asunto diremos que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y el Tribunal Supremo tardaron, cada uno, siete años en resolver los recursos que se les presentaron.
En 2001 la corte regional dictaba sentencia conforme a que el Gobierno vasco debía valorar de nuevo su resolución, algo que ratificó el Tribunal Supremos ante el recurso de casación del ejecutivo vasco.
