En un país que mueve 500 millones de euros en facturación en las inspecciones técnicas de vehículos obligatorias, se prevee que la entrada de las grandes superficies, concesionarios y talleres en el negocio suponga una rebaja de los precios de un 30%.
Si esto fuera así, Galicia sería una de las más beneficiadas, ya que se sitúa en la franja alta de los precios de las ITV en España.
Comunidades como Asturias, Extremadura y Andalucía gestionan este servicio a través de empresas públicas o lo hacen ellas mismas, y sus precios rondan entre 3 y los 14 euros más baratos para los vehículos diesel. Para las motocicletas el precio en Galicia se encarece, costando bastante más.
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Empresas públicas contra empresas privadas
La gran diferencia con las comunidades más caras, como Galicia, Madrid o Castilla y León, y es que en estas regiones la gestión de las ITV se han privatizado.
Otro de los problemas es que en las comunidades que se gestiona con fondos públicos, el dinero recaudado revierte a las arcas regionales, mientras que las privatizadas engrosa las arcas de la empresa gestora.
23 años en el «poder»
En Galicia se da la particularidad de que la gestión de los centros de ITV la viene haciendo desde 1987 la empresa Supervisión y Control, que consiguió la contrata hasta 2007. Pero en ese año se prorrogó a cambio de bajar los precios un 10% y, en la actualidad, mantendrá la gestión hasta 2023.
Esta empresa forma parte de un conglomerado más amplio filial de Macovi Sociedad de Inversiones SL, cuyo presidente es Amador de Castro y en la que posee participaciones Epifanio Campo, dos empresarios bien relacionados con la oligarquía política. Del mismo conglomerado forman parte sociedades dedicadas a la gestión de residuos, actividades inmobiliarias y gestión de puertos deportivos.
Según los datos del Registro Mercantil, la mayor fuente de financiación de este gigantesco conglomerado es la negocio de las concesiones de ITV, que es la que aporta liquidez al grupo.
¿Será el final del monopolio?
Hasta ahora nadie ha osado competir en Galicia con Supervisión y Control, ya que ha estado protegida por los sucesivos gobiernos. Pero ya veremos qué pasa si se consolida el plan de liberación actual del gobierno central.
Ni las grandes cadenas comerciales ni los concesionarios querrán perder un suculento trozo de pastel como es Galicia. Aunque un gran indicio de los problemas que se avecinan se intuye en el silencio que se ha instalado en las tierras gallegas en contraposición al debate abierto en otras comunidades sobre la conveniencia de la liberalización.
