La Dirección General de Tráfico está comenzando una nueva campaña mediante la cual pretende notificar a 2.462 propietarios de vehículos que no tienen la ITVen regla, bien sea por no haberla pasado o bien por no haber acudido a la segunda visita tras haberles detectado algún problema.
En España hay más de quince millones de vehículos con obligación de pasar la ITV.Esto incluye turismos, motos, camiones, furgonetas y autobuses. De estos se calcula que aproximadamente uno de cada cinco no cumplen con sus obligaciones.
Cumplir con la ITV habría evitado más de cien muertos
Según datos de la AECA-ITV, si tan sólo el 20% de los vehículos obligados a pasar la ITV que han incumplido con su obligación hubieran sido más responsables, se podrían haber evitado más de 7.000 accidentes y, probablemente unas 110 muertes.
Las cifras son impresionantes y hacen pensar en si realmente se está poniendo todo de su parte desde la Dirección General de Tráfico en este terreno. Teniendo en cuenta que poseen todos los datos de los propietarios que cumplen con su obligación no sería complicado saber quién no lo hace y amenazarlo con una sanción sin necesidad de tener que detectarlo en un control.
El gobierno ahorra unos 300 millones de euros gracias a la ITV
Este ahorro podría alcanzar los 500 millones si nadie se escaqueara de sus obligaciones y todos los vehículos pasaran la correspondiente revisión. Los accidentes causados por estos, la atención a los heridos y la movilización de las fuerzas de seguridad son sólo algunos de los gastos que se podrían evitar si todo el mundo cumpliera con la ley.
Se calcula que la liberalización de este sector podría rebajar su costo en un 30% de cara al consumidor debido al aumento de la competencia. Esto podría hacer que parte de las personas que hoy en día no pasan la ITV por el costo económico que conlleva comenzaran a realizar las inspecciones legales legalicen su situación .
En países como Alemania o Inglaterra ya hace años que existe una liberalización del sector. Los puntos de ITV son inspeccionados de forma aleatoria por inspectores del gobierno que comprueban que todo se haga de una forma correcta. Esto supone la garantía de que no se producirá fraude por parte de ninguna empresa, ya que de descubrirse se enfrentarían a duras sanciones y podrían incluso ver su negocio cerrado.
