El periódico El Mundo ha destapado un nuevo escándalo relacionado con la ITV en Cataluña. Este caso, que cada vez parece tener más ramificaciones, afecta ahora al presidente de la Sección Quinta de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el señor Joaquín José Ortiz.
El magistrado ha sido imputado por un presunto delito de actividades prohibidas a funcionarios a raíz de unas escuchas telefónicas que ordenó la jueza instructora del caso de la ITV. De estas intervenciones telefónicas, se deduce que a lo largo del 2010 y el 2011 el magistrado Ortiz mantuvo reuniones informativas con Ricard Puignou.
En estas reuniones y también a través de numerosos correos electrónicos, el juez Ortiz presuntamente asesoró a su amigo sobre varios procesos judiciales relacionados con la adjudicación de las itvs que estaban siendo juzgados por la sala que él presidía.
El magistrado pudo haber dado el visto bueno al recurso interpuesto por CERTIO.
Según el auto de imputación el magistrado pudo haber visto el recurso del contra la resolución del concurso de adjudicación de ITV antes de ser interpuesto, dándole el visto bueno. También se le acusa de haber asesorado durante todos los pasos del proceso a los señores Puignou y Marugan facilitando con su actuación que estos pudieran anticiparse a todas las decisiones del tribunal tanto en este como en otros casos judiciales que tenían pendientes.
El juez, siempre bajo la presunción de inocencia, realizó estos asesoramientos a pesar de que ser el presidente de la Sección donde se interpusieron estos recursos y que el mismo formó parte como designado ponente en alguno de ellos.
Pudo haberse producido una reunión entre el juez y altos cargos de la Generalitat
De las escuchas telefónicas intervenidas a Puignou se puede deducir que a instancias de éste, el magistrado Ortiz pudo haberse reunido con Margarida Gil, Directora General del Gabinete Jurídico de la Generalitat, y Assumpta Palau, Abogada Jefe del Servicio Contencioso Administrativo. Esta reunión según el Tribunal Supremo, que lleva la causa del escándalo de las ITVs “no puede entenderse como un intento legítimo de mediación, pues tal cosa no es posible mediante reuniones privadas con solo una de las partes interesadas menos aún, cuando lo que se sugiere, tanto a las personas con las que mantenía una relación de amistad, como a los organismos públicos, perjudicaba claramente a la parte provisionalmente beneficiada por la resolución del concurso, la cual quedaba excluida de hecho de tales reuniones, y que podría incluso resultar acreedora de una importante indemnización, en su caso».
