El Tribunal Supremo se ha declarado, según se informa en la versión digital del diario “El Mundo”, competente para investigar al presidente de la Sección 5 de lo Contencioso Administrativo del TSJC (Tribunal Superior de Justica de Catalunya).
El delito que el juez del tribunal catalán estaba investigando es el de “negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios y abusos en el ejercicio de su función”. Es la acusación que pende sobre varios de los imputados en el “caso ITV”.
Instado por la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona ha enviado una pieza separada contra el juez Joaquín José Ortiz Blasco. El motivo se refiere a que el magistrado, durante la investigación por el caso de agentes de la Unidad de Vigilancia Aduanera se ha constatado que el juez se había reunido con varios de los encausados.
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Negociaciones irregulares con los encausados
Concretamente, existe un informe policial que indica que uno de los que se sentaban en el banquillo, Ricard Poignou, administrador de la empresa Certio, junto con uno de los accionistas de esta compañía, habrían mantenido “negociaciones” con el juez.
En estas conversaciones, el magistrado “realizaba asesoramiento, en interés y al servicio de dichos particulares” sobre un recurso interpuesto por Certio contra la decisión de la Generalitat de conceder nuevas ITV en octubre de 2010.
Un recurso polémico
Este recurso se trató en la sala que preside este magistrado, ponente, por otra parte, en “la pieza separada de medidas cautelares habiéndose dictado en fecha 09/05/11 Auto por el que, a instancia de CERTIO ITV, S.L. se acordó la suspensión de la ejecutividad de la resolución recurrida fijándose una fianza por importe de 200.000 euros, y estando pendiente de la resolución de dicho recurso”.
En el mismo informe, se señala que el juez actuó como ponente en otros recursos contenciosos sobre el ya muy poco transparente concurso que iba determinar el nuevo mapa de las ITV en Cataluña.
Poignou, imprescindible en la trama
Desde el juzgado de Instrucción número 9 se destaca que Ricard Piognou es un elemento sin el que la trama para conseguir las adjudicaciones irregulares de las estaciones de ITV en la región no podría haber salido adelante.
Fue precisamente Poignou quien interpuso un recurso contra la decisión de la Generalitat y el mantenimiento de las medidas cautelares que había ordenado el juez. Por tal motivo afirma que estos contactos con Ortiz Blasco se daban “para conseguir sus objetivos”.
