La comunidad extremeña mejorará su dotación de estaciones de ITV con siete nuevas estaciones que el gobierno planea sacar a concurso siguiendo las nuevas directrices del Ministerio de Industria, es decir, para ser gestionadas por empresas privadas que gracias al nuevo Real Decreto que se está discutiendo actualmente, puedan entrar en el mercado.

Con esta iniciativa se prevé que la industria privada invierta más de cinco millones de euros en estas construcciones y que se puedan crear al menos cien nuevos puestos de trabajo. Su ubicación será en las localidades de Valencia de Alcántara, Logrosán, Herrera del Duque, Castuera, Llerena, Jerez de los Caballeros y Don Benito.

Todas estas localidades tienen su estación más próxima a varios kilómetros de distancia con lo que estas nuevas estaciones mejorarán  notablemente las condiciones de los usuarios que verán facilitado el cumplimiento de sus obligaciones.

Convivirán estaciones públicas y privadas

El gobierno extremeño ha dejado clara su intención de que convivan las estaciones de la red pública con las concesiones privadas, aunque también resalta que ellos se reservan el control y la dirección del servicio.

Desde las empresas públicas que gestionanla ITVactualmente, han expresado su oposición a la liberalización total del sector aunque aprueban que se puedan hacer ciertas concesiones a empresas privadas, pero sin abrir el mercado de una forma total y absoluta pues temen que esto repercuta en una pérdida de calidad y un menor control del servicio.

Los trabajadores de las empresas públicas tampoco ven con buenos ojos la apertura del mercado pues están convencidos de que la competencia hará que tengan un menor volumen de trabajo y esto hará peligrar claramente sus puestos de trabajo.

UGT se ha pronunciado

El sindicato UGT  a través de su Federación de Servicios Públicos en Extremadura ha declarado que si bien apoya la creación de las nuevas estaciones, estas deberían en su opinión ser gestionadas de modo público y no por empresas privadas.

En palabras del propio sindicato «cien por cien se mantenía en nuestra comunidad sin incursiones privadas con un funcionamiento correcto, con excelentes resultados, con empleo público obtenido en igualdad de acceso y oportunidades a los puestos, asegurando la calidad y el control exhaustivo, y la universalidad con costes públicos desligados del coste de servicio y adaptados sobre todo a las necesidades de la población»

También han manifestado su preocupación porque la privatización repercuta en menos contratos públicos y peores condiciones para los trabajadores actuales, que verán recortados algunos de sus derechos, como es el de movilidad, al no poder optar a las nuevas estaciones.

El gobierno ha dado un paso adelante en la liberalización de las ITVs publicando el proyecto del Real Decreto por el que se regulará el sector y que entre sus principales novedades está la anulación del artículo cuarto del Real Decreto actualmente vigente. Este artículo es en dónde se enumeran las incompatibilidades para poder dar servicio como estación de ITV.

Esto da carta blanca a que los concesionarios y los talleres independientes puedan comenzar a ofertar este servicio, eso si, siempre y cuándo dispongan de los 100.000 euros de inversión que son necesarios para la creación de cada línea de inspección.

Se abre el proceso de discusión

Este Real Decreto no va a entrar en vigor de forma automática, sino que entra ahora en un proceso de discusión en el que el gobierno escuchará nuevamente las opiniones de todas las partes implicadas. No obstante se presume que no habrá cambios en este sentido y que se dará así cumplimiento a una vieja reivindicación del sector privado del automóvil.

No obstante en última instancia serán las Comunidades Autónomas las que tengan la competencia final sobre qué modelo quieren instaurar en su territorio. Actualmente ya existen diferencias pues mientras algunas han dado la concesión a empresas públicas otras la han puesto ya en manos de empresas privadas.

Y mientras tanto siguen los escándalos

Mientras esto ocurre son ya varios los escándalos que están salpicando al sector y a los que se les está dando una cierta relevancia en los medios más allá del conocidísimo tema de Cataluña que sobresale entre todos por sus dimensiones y por las personas implicadas en el mismo.

Los consumidores no tienen una postura clara sobre la liberalización del sector ya que dudan de que tal y como prometen las empresas privadas, el abrir el mercado repercuta en mejores servicios y precios más bajos. Por el contario se teme que se terminen pactando los precios como ha ocurrido otras veces, a pesar de ser una práctica ilegal y que se puedan producir aún más chanchullos de los que se están produciendo actualmente.

De hecho uno de los mayores temores es que al ponerla ITVen manos de intereses privados se pueda dar el visto bueno a vehículos que no deberían de circular previo pago de comisiones y se exige que se regule una vigilancia muy estrecha de estas estaciones a fin de evitar un fraude masivo por parte de personas sin escrúpulos.

Miriam Rabaneda, actual alcaldesa del municipio de Pinto, en la Comunidad de Madrid, ha vuelto a firmar un acuerdo con la empresa Applus Automóvil , responsable de la ITVen dicho ayuntamiento. Se trata de un acuerdo que de nuevo volverá a repercutir en mejoras para los ciudadanos de Pinto, que verán como los precios de la inspección se reducen para aquellos que estén en paro o tengan el reconocimiento de familia numerosa.

En estos momentos de crisis económica toda ayuda es buena para aliviar pagos a los ciudadanos y tanto la alcaldesa como el director de Applus Automóvil, Aitor Retes han demostrado ser conscientes de esta necesidad. Para aquellos ciudadanos que se encuentren desempleados el descuento será de un 25% del importe y para las familias numerosas un 10%.

Ya hubo acuerdos anteriores

La empresa de inspección de vehículos, que lleva un año afincada en Pinto, ya firmó en su momento un convenio con el ayuntamiento mediante el cual se comprometía a contratar de forma preferente a personal procedente de las bolsas de trabajo de dicho ayuntamiento.

Esperemos que este no sea el último acuerdo al que el ayuntamiento y la empresa lleguen, ya que parece haber un fructífero diálogo entre ambos que hasta ahora ha beneficiado a la población de Pintos.

Así mismo sería muy bueno que otros ayuntamientos tomaran nota del acuerdo e intentaran a su vez conseguir este tipo de mejoras para sus ciudadanos, que tan apretados se ven por los pagos y la crisis económica en muchos casos. Los altos niveles de paro que sufre nuestro país hacen necesarias medidas de este tipo para facilitar que los ciudadanos puedan hacer frente a sus obligaciones.

Y en el lado contrario…

Contrarios a esta postura de ayuda al ciudadano en tiempos de crisis parecen ser los dueños de la empresa concesionaria de ITVs en Valencia Aseguramiento Técnico de Calidad. Estos han recurrido la decisión del gobierno de mantener congeladas las tarifas de la inspección, que llevan así desde 2010, debido a la continuidad y agravamiento de la crisis económica.

La empresa cuenta con seis estaciones enla Comunidad Valenciana, que, por cierto, es la autonomía dónde más dinero cuesta al consumidor pasar la inspección técnica, un 146% más que en Extremadura, una de las comunidades más baratas de España. Pero se ve que esto no es suficiente para la empresa, cuya reclamación ha sido admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia.

Pasar la ITV es obligatorio para todos los vehículos dados de alta y con los años que marcan la ley para comenzar a pasar las revisiones. Pero hasta ahora muchos propietarios que guardaban su coche en un garaje y no lo utilizaban por largo tiempo omitían esta obligación pues al no circular por carreteras no iban a ser interceptados ni multados.

A la hora de volver a usar el coche solo tenían que transportarlo a la estación correspondiente en una grúa o asumir el riesgo de ser “cazados” de camino a ella, lo cual sería de una mala suerte considerable.

Las cosas han cambiado

Sin embargo las cosas han cambiado para estos usuarios dispuestos a ahorrarse unos euros cuándo por motivos personales o laborales no usan su coche durante meses. Con el actual método de intercambio telemático de datos entre las estaciones de la ITV y Tráfico, éste recibe en todo momento los datos de qué vehículos pasan la inspección obligatoria.

Por tanto obtienen también de manera muy sencilla el listado de aquellos vehículos que no están al tanto de su obligación y pueden multar a su propietario sin necesidad de cruzárselo en un control rutinario. Así pues aunque tu coche esté en un garaje sin salir ya no estás a salvo de ser sancionado por obviar esta obligación.

Para evitar estas multas si vas a pasar muchos meses sin usar tu coche puedes darlo de baja temporalmente en tu oficina de tráfico más cercana. Con este sencillo y barato trámite te ahorrarás muchos problemas y siempre podrás volver a dar de alta el vehículo cuando quieras hacer uso de el nuevamente.

Ya ha superado la etapa de pruebas

El intercambio telemático de datos entre las estaciones de ITV y Tráfico tuvo su primera fase, a modo experimental, en Cataluña y Valencia, pero tras superarla con éxito se está implantando ya en todo el territorio español. Sin embargo antes de empezar a multar Tráfico ha llevado a cabo una campaña informativa en la que les recordó a los propietarios que no estén al tanto de su revisión la obligatoriedad de la misma.

Dicha campaña tuvo lugar durante el mes de mayo, consistió en el envío de 2462 cartas a propietarios localizados tras un muestreo. A partir de ahora ya pueden comenzar a emitir sanciones por lo que si no estás al tanto de tus obligaciones mejor que apures pues ya no tienes escapatoria para evitarla ITV.

Estamos en pleno verano y los anuncios de tráfico con sus campañas para evitar accidentes durante los desplazamientos estivales están presentes en todos los medios de comunicación. Se nos pide que revisemos nuestro coche, que pasemos la ITV y que respetemos todas las normas de tráfico con la mayor escrupulosidad. Pero ¿qué hacen los mismos que nos piden estas cosas?

Pues como humanos que son, se guían por la máxima de “haz lo que digo y no lo que hago” a juzgar por el comportamiento del señor Narcís Clé, pillado conduciendo a 160 km/h por la autopista AP-7.

Y es que Narcís Clé no es un ciudadano cualquiera, se trata ni más ni menos que del jefe de Tráfico de Girona, es decir, el máximo responsable de que el resto de los ciudadanos cumplamos con las normas establecidas sobre el tráfico, entre ellas la de la velocidad máxima de 120km/h en ese tipo de vías.

Intentó zafarse pero rectificó

Y continuando con sus humanas debilidades, el señor Clé intentó zafarse del problema alegando que viajaba en su coche oficial y que se encontraba de servicio. Por suerte, ya sea por vergüenza propia o porque alguien le apretara un poco las tuercas desde arriba, a las pocas horas corrigió su actitud y dimitió de su cargo.

Esta dimisión ahorra a la administración pública la apertura de un expediente administrativo que, si hay un mínimo de coherencia, finalizaría con la separación del funcionario de su cargo. No obstante conserva su condición de funcionario en el área de tráfico.

Además de estas consecuencias “laborables” las prisas le van a costar dos puntos del carnet y una multa de hasta 300 euros. Y es que lo menos que podemos pedir a los altos cargos es que prediquen con el ejemplo, ¿qué autoridad podría tener este señor para exigirnos prudencia y respeto a las normas cuándo él mismo se las pasa de largo cuándo le parece?

Disculpas, no explicaciones

Y para más INRI, Clé volvía en ese momento de una reunión en la que junto con el responsable de la  Consejería de Interior Ramón Espalader y otros altos cargos de la comisión catalana de Tráfico y Seguridad habían acordado un plan para reducir la siniestralidad en las carreteras a la mitad de aquí al 2020.

Por parte de la administración se han transmitido las disculpas de Narcís Clé y se ha declarado que no se le han pedido al infractor explicaciones por su conducta. Será, seguramente, porque es en todo caso inexplicable.

La FEMETE (Federación tinerfeña de Empresarios del  Metal y nuevas Tecnologías) ha declarado a través de su presidente José Luis García su total apoyo a la liberalización del servicio de ITVs. En declaraciones efectuadas al diario La Opinión de Tenerife, el señor García ha dejado clara la postura de la federación sobre este polémico asunto que tiene en pie de guerra a los trabajadores de las actuales estaciones de las Islas Canarias.

El presidente de la federación ha afirmado que lo mejor para todos es acabar con el “bipolio” existente en Canarias, dónde dos concesionarias tienen los derechos de explotación concedidos durante 20 años. Aunque en su momento, cuándo Marisa Tejedor era la titular dela Consejería de Industria, se intentó anular la concesión de 20 años a Applus Iteuve Technology y a SGS ITV. No obstante una decisión judicial suspendió cautelarmente la orden y no volvió a abrirse el tema.

La privatización sin picaresca es positiva

Para José Luis García la privatización del sector es muy positiva siempre poniendo las medidas necesarias para evitar la picaresca y el fraude. No ve que pueda existir ningún conflicto de intereses entre las actividades propias de los talleres y los concesionarios y la realización en estos de las inspecciones técnicas de vehículo.

Así mismo considera que la libre competencia en el sector podrá influir positivamente en la mejora del servicio y en la bajada de los precios, ambos aspectos beneficiosos para el consumidor. Además los controles por parte dela Administración Pública garantizarán que todo se haga correctamente y con las debidas garantías.

Las directrices europeas marcan el camino

Lo cierto es que las directrices europeas son muy claras sobre el camino a seguir en las concesiones de las inspecciones técnicas del vehículos y la libre competencia se impone. Ya se han ganado sentencias en España referentes al tema y El Corte Inglés ha empezado a construir sus dos primeras estaciones destinadas a ofrecer estos servicios de inspección.

De hecho la FECAVEM (Federació Catalana de Venedors de Vehicles a Moto) ha conseguido parar en Cataluña el concurso público para la adjudicación de ITVs mediante una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad, apoyándose en las leyes europeas. Desde la federación ya se ha anunciado que se litigará por lo legan en el resto de comunidades hasta conseguir la libertad de mercado.

Y es que la organización considera que para este servicio, cuya naturaleza posee un “carácter público tan definido”, es el propio Gobierno el que “tiene la obligación y el deber de prestarlo, combinando la garantía de calidad prestada a una responsabilidad que tan solo puede ser ejercida por profesionales debidamente cualificados”.

Por motivo, y mediante un comunicado, FSP-UGT ha exigido una gestión cien por cien pública, puesto que se trata de un servicio de “máxima seguridad” para el ciudadano y “no debe entenderse tan solo como un bien económico sometido al tráfico mercantil con obtención de lucro”.

Servicios que corresponden a las Administraciones Públicas

“Estos servicios deben corresponder exclusivamente a las Administraciones Públicas con la participación y control de sus propios trabajadores y de los usuarios evitando desnaturalizar su imagen y funciones ante la sociedad, dando a entender que van a ser más eficaces y baratos para los ciudadanos, cuando lo cierto es que son más costosos y menos eficientes privatizados”, señala el documento.

En relación a esto últimos, según la organización sindical, el modelo de gestión íntegramente pública se mantenía en la región “sin incursiones privadas con un funcionamiento correcto, con excelentes resultados, con empleo público obtenido en igualdad de acceso y oportunidades a los puestos, asegurando la calidad y el control exhaustivo, y la universalidad con costes públicos desligados del coste de servicio y adaptados sobre todo a las necesidades de la población”.

Cuidar la oferta de empleo público

De este modo, decisiones como una hipotética privatización lleva al desmantelamiento de los servicios públicos “convirtiéndose en negocio para determinados empresarios a costa de las condiciones laborales, de la calidad y garantía de los servicios prestados”.

Finalmente, según FSP-UGT Extremdura, “Con esto, la oferta de empleo público es menor, disminuyendo también la opción de movilidad de los empleados públicos deteriorando y degradando aún más el sistema público, quedando aparcadas las bolsas de trabajo existentes para estos centros, con lo que supone que personas que han pasado un proceso selectivo completo queda estéril su esfuerzo, dedicación y dinero aportado en estos procesos”.