Mientras la ampliación del sector concesionario de las Estaciones de Inspección Técnica planea sobre las mesas de los despachos, otra guerra se libra dentro de las empresas concesionarias.

Cataluña, Irún y Urnieta están protagonizando la lucha entre los trabajadores y las empresas concesionarias para firmar los nuevos convenios colectivos que regirán sus relaciones laborales en los próximos años.

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Después de meses esperando a que Industria del Gobierno de Canarias les facilitara el permiso para convertirse en el segundo operador en Lanzarote, la empresa Lanzarote automoción pone en marcha una nueva Estación de Inspección Técnica de Vehículos en la isla.

La empresa impulsora de este proyecto ha tenido que desembolsar cerca de cuatro millones de euros para poder acceder a esta concesión. Los primeros controles se realizaron el 19 y 20 de septiembre a vehículos de alquiler, probando las tres líneas sin ningún contratiempo.

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El grupo parlamentario de Unión, Progreso y Democracia, liderado por Rosa Díez, ha expresado  al gobierno mediante pregunta parlamentaria, sus dudas sobre la nueva legislación que regulará las ITVs y que permite la concesión de licencias para abrir nuevas estaciones a entidades privadas tales como talleres y concesionarios.

Pero la pregunta no era para cuestionar la privatización del servicio de inspección técnica de vehículos, sino para preguntar como se pensaba combatir el fraude si nos íbamos a encontrar con 17 sistemas diferentes para legislar estas concesiones, al dejar el gobierno en manos de cada Comunidad Autónoma la última palabra respecto a las mismas.

Ya han obtenido una respuesta

UPyD dudaban en su escrito de que se pudieran garantizar unas calidades estandarizadas en el servicio y afirmaban que iba a ser muy complicad evitar inspecciones fraudulentas si nos enfrentábamos a tantas leyes distintas, por lo que querían saber que medidas había previstas para evitarlo.

A día de hoy, José María Prieto, el diputado que ha formulado la pregunta en nombre de su grupo, ya han obtenido una respuesta del legislativo, que le ha recordado que el hecho de que las Comunidades Autónomas puedan formular sus propias legislaciones no supone ninguna novedad en la ley, porque ya poseen una cierta independencia.

A pesar de esto, todas las estaciones del territorio español deben de cumplir con las normas de instalación y funcionamiento de las estaciones de inspección técnica de vehículos,  del año 2008 en las que se formulan las normas generales sobre el funcionamiento de las estaciones, el tratamiento de la documentación, los equipos de los que deben disponer etcétera.

Tampoco se descarta crear una acreditación, previa auditoría de un inspector nacional, que garantice el cumplimiento de estas normas. Los inspectores autonómicos serían los encargados de realizar las inspecciones habituales, tal como viene siendo hasta el momento.

Suprimir incompatibilidades

El gobierno también ha declarado que se está estudiando la posibilidad de suprimir algunas de las incompatibilidades que actualmente tienen los socios, los directivos y también el personal de las estaciones de servicio, con la intención de que esta medida contribuya a una mayor dinamización de la actividad económica en el sector automovilístico.

Por lo visto aún puede haber sorpresas en una ley que está muy próxima a ser promulgada pero sobre la que parece haber cada día más dudas y más preguntas en todos los sectores sociales.

Sólo en Extremadura podremos pasar la Inspección Técnica de Vehículos con unas tarifas más baratas que en la Comunidad Foral de Navarra.

Según el estudio realizado por la asociación de consumidores FACUA, hay diferencias de hasta un 144% entre las tarifas que se cobran a los turismos de motor diesel y de hasta un 208% si son motocicletas y ciclomotores.

Así pues en Extremadura nos cobrarán 25’93 euros por realizar la ITV a un turismo de motor diesel o de gasolina y en la Comunidad Valenciana, por el contrario, la tarifa es de 63’23 euros, más del doble.

Un estudio de la FACUA preocupante

El estudio fue presentado a primeros de mes en rueda de prensa por el portavoz de la asociación Rubén Sánchez, quien también ha indicado que desde 2012 ha habido una subida media de las tarifas de un 2’6%, más la subida de la tasa de Tráfico fijada por el gobierno que también se ha visto incrementada en un 2’8%.

Esta gran diferencia entre las tarifas de nuestras Comunidades se debe a que la Inspección técnica de vehículos no es unitaria, sino que depende de la gestión de cada Comunidad y, por lo tanto, hay diferentes modelos de gestión.

Cada modelo de gestión con tarificación propia

Por un lado tenemos el modelo de gestión público, directamente dependiente de la Comunidad Autónoma o a través de una empresa pública

Las concesiones administrativas, que aunque dependen de la empresa privada que las gestione las tasas se acuerda un mínimo o máximo desde la Administración

Y, por último, las liberadas, que dependen totalmente de la empresa privada, por lo que las tarifas pueden variar según desee la empresa, sin que exista ningún tope mínimo ni máximo en su aplicación.

Además, en unos modelos se aplica en IVA y en otros no, encareciendo el coste final para el conductor que lleva su coche a pasar una inspección que es obligatoria.

Un desbarajuste anunciado

Los mayores aumentos de tarifa para turismos de hasta ocho plazas se han dado en el Principado, con una media del 25’5%, en las Baleares, con un 4’8%, y en Cantabria, con un 3’5%.

También ha sido el Principado el que más ha subido las tarifas en las revisiones de las motocicletas, con un incremento medio del 25’3%, seguido por Castilla la Mancha, con un 6’3%, y la Ciudad Autónoma de Ceuta, con un 3’5%.

Estas subidas tan dispares preocupan a todos y más con la posibilidad de la apertura del sector a las grandes superficies, aseguradoras, talleres y concesionarios, ya que se teme un aumento mayor de las tarifas.